Se olvida con bastante asiduidad que el objetivo de las políticas culturales no son ni los creadores, ni la industria cultural, ni siquiera la cultura, sino, como en todas las políticas públicas, la ciudadanía. El teatro, el cine, la biblioteca o la edición de libros son objetivos instrumentales para alcanzar el bien común. Como asegura Rausell (2013), los argumentos sobre la intervención pública en cultura repiten un sobado argumentario que en la mayoría de los casos no resiste el más mínimo análisis desde el criterio de la racionalidad. La redundada pregunta sobre si la cultura es una necesidad o un lujo, resulta una buena muestra de la altura del debate.
La cultura, entendida como bien común, debería ser una parte importante en los presupuestos de cualquier sociedad. La justificación de las políticas culturales se sustenta en el valor intrínseco de la cultura para maximizar nuestro bienestar. Dicho valor, como afirma Rausell (2013), no se deriva de la máxima del “arte por el arte” o del valor artístico de la obra creada sino de la capacidad de la creatividad, el arte y la cultura de afectarnos cognitiva, estética o espiritualmente y transformar nuestra dimensión individual, social, ciudadana, económica o política, influyendo en nuestro sentido de pertenencia, de identidad, construyendo nuestro capital social, alimentado el conocimiento que nos dota de autonomía, conformando nuestra sensibilidad y la capacidad de obtener utilidad del goce estético y amplificando nuestras capacidades expresivas y comunicativas.
No en vano debemos señalar el fracaso en el objetivo de la democratización cultural. Gran parte de los presupuestos de cultura se han destinado a grandes eventos y/o espectáculos —por ejemplo, en el País Valenciano, en el presupuesto de la Conselleria de Cultura, casi el 50% se destinó en 2013 a la Dirección General de Proyectos Estratégicos.
Esta preponderancia de los grandes eventos ha ido en detrimento de otras partidas culturales –como artes plásticas, libros o artes escénicas. Estas partidas se han visto afectadas por una reducción constante de sus presupuestos, motivada inicialmente por las políticas de austeridad.
Pero este hecho se produce con una clara intencionalidad y tiene una importante función social que va más allá de la reproducción ideológica y produce un tipo de pensamiento acrítico que no cuestiona al poder. La reproducción de este tipo de pensamiento débil y acrítico se basa en orientar las políticas culturales hacia el ciudadano como consumidor de cultura y no como productor de la misma. De esta manera, se instrumentaliza la cultura para que se perpetúe el poder mediante la propaganda y la generación del citado pensamiento débil. A este respecto Rausell (2007) afirma que una parte importante de las políticas culturales no son realmente políticas públicas en el sentido estricto de la palabra ya que en el fondo no pretenden transformar la realidad sobre la que actúan, sino que se convierten en abalorios que meramente visten y decoran la acción pública.
Además, muchos de los bienes culturales que se ofrece al ciudadano están centrados en las élites, tanto por los precios como por las características de los mismos productos, lo cual ayuda a la perpetuación del poder y a la dominación, al no generar una igualdad de oportunidades en los espacios del saber, y crear distinciones entre quienes pueden acceder a la cultura —generalmente sus afines— y quienes no pueden acceder a ella por falta de recursos, quedando excluidos y generando masas acríticas. Este hecho parece acentuarse con la crisis que sirve de excusa y pretexto para justificar los recortes que se están haciendo en materia cultural, abriendo más la brecha social y la desigualdad y, a su vez, garantizando la reproducción de las élites económicas en el poder. Parece que la prometida igualdad de oportunidades y la meritocracia como garantía de ascenso social nunca han dejado de ser una entelequia.